Hay lugares cuya belleza parece haber firmado un pacto con la tranquilidad. Maine es uno de ellos. En el extremo noreste de Estados Unidos, donde los bosques de pinos se encuentran con el Atlántico y los faros sobreviven como guardianes de una costa que durante siglos recibió pescadores, comerciantes y migrantes, la historia suele contarse con el lenguaje sereno de los pequeños pueblos. Biddeford, a pocos kilómetros de Portland y a menos de dos horas de Boston, nació como un centro industrial impulsado por los molinos textiles que recibieron generaciones de inmigrantes europeos. Hoy es una ciudad universitaria, de cafés, galerías y calles donde la vida cotidiana parecía transcurrir lejos del estruendo del mundo. Quizá por eso duele aún más que, en un lugar conocido por su calma, el nombre de un colombiano haya quedado asociado al sonido seco de cuatro disparos.
Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.
El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.
No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.
Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.
Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.
Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.
Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.
Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.
Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.
Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.
Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.
En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.
Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.
Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.
Diego Aretz
Diego Aretz es un periodista, investigador y documentalista colombiano, máster en reconciliación y estudios de paz de la Universidad de Winchester, ha sido columnista de medios como Revista Semana, Nodal, El Universal y colaborador de El Espectador. Ha trabajado con la Unidad de Búsqueda y con numerosas organizaciones defensoras de DDHH.