En su tiempo, al escritor Mark Twain lo reprendieron por afirmar que “la mitad de nuestros políticos son ladrones”. Fue obligado a disculparse y entonces escribió: “La mitad de nuestros políticos no son ladrones”.
“No tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane”, dijo a través de una cadena radial un congresista que recibió un sueldazo por hacer nada durante los 20 días previos a la instalación del nuevo Congreso de la República, hoy 20 de julio.
El verdadero sueño colombiano sería ganar la millonada que reciben cada mes los congresistas (alrededor de $52 millones), con el mínimo esfuerzo y con un séquito de funcionarios haciendo el trabajo por ellos. Mientras el salario mínimo sigue siendo uno de los más ínfimos de la región, la remuneración de los legisladores colombianos se ubica cómodamente entre las más altas de Latinoamérica. Una brecha obscena sin una explicación lógica que la justifique.
No se entiende, por ejemplo, por qué diablos los gastos de representación ($23.692.648) y la prima especial de servicios ($18.098.558) están muy por encima del salario básico de los “honorables”, que es de “apenas” $13.327.111. Sí, leyó bien: las arandelas y los viáticos duplican el sueldo base.
Pero como si esos milloncitos fueran una chichigua, la codicia no tiene fondo. Varios congresistas ya han sido condenados —y otros tantos siguen bajo la lupa de la justicia— por la miserable práctica de quitarles parte del sueldo a los funcionarios de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Por el delito de concusión la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 3 de julio a la excongresista Tatiana Cabello Flórez a 144 meses de prisión. No es la única, pues varios “honorables” están entre la pila y el agua bendita. Así que no es exagerado el chiste que ronda los pasillos del Capitolio Nacional: “Cuida tu cartera, estamos en el Congreso”.
A cada senador y representante a la Cámara se le asignan por ley 50 salarios mínimos mensuales para conformar su equipo de trabajo. Pueden distribuirlos como les plazca y contratar a quien les dé la gana. Y claro, como esos sueldos los pagamos nosotros, los contribuyentes, el festín es completo: muchos terminan convertidos en “empleados de corbata” para pagar favores o aceitar maquinarias políticas.
Ahí no paran los privilegios de esta casta intocable. El paquete de beneficios incluye carros blindados, escoltas, subsidios de telefonía y tiquetes aéreos semanales para que viajen a sus regiones a hacer campaña con dinero público.
Trabajan menos tiempo de lo que le toca a cualquier empleado normal. Gozan de vacaciones eternas y, si les da pereza ir a trabajar, no pasa nada; les basta con una excusa médica para disculpar la vagancia, mientras que para Juan Pueblo la ausencia se convierte en causal de despido. Ah, pero tienen corona, son los “padres de la Patria”; valiente gracia.
Ahí no para el descaro. Titula Infobae: “Once nuevos congresistas cobrarán una millonada por 20 días en los que ni siquiera tendrán que ir a trabajar: no habrá plenarias”. Es el viejo truco de que unos renuncien para darles la palomita a otros, algunos en camino a tramitar su pensión. Estas personas cobrarán cada una $34 millones, más los recursos asignados para sostener las UTLs.
Lo peor es el vacío de control. En Colombia no existen instituciones fuertes creadas para evaluar con rigor el trabajo de los legisladores. Da exactamente lo mismo si presentan leyes, si calientan puesto o si hacen debates de control político. En la práctica, su única obligación real es rendir ponencia cuando les asignan un proyecto de ley. Un negocio redondo donde se produce poco y se cobra demasiado. Aquel o aquella congresista que falta a sus obligaciones está, ni más ni menos, robando a la Nación. Quizás a eso se refería el célebre Mark Twain, autor de El príncipe y el mendigo.
El 20 de julio tomarán posesión de sus cargos los nuevos legisladores. Y como cada cuatro años jurarán obediencia: “¿Juráis a Dios y prometéis al pueblo con fidelidad defender la Constitución y las leyes de Colombia, y cumplir de buena fe los deberes de vuestro cargo?”
Hoy nos encontramos en un punto de quiebre. Varias demandas en curso ante el Consejo de Estado buscan, a toda costa, impedir que se les toque el bolsillo y se les reduzca el jugoso sueldo. Ya esa corporación suspendió transitoriamente el decreto firmado a principios de 2026 por el presidente Gustavo Petro. En este escenario, la coherencia es una obligación ética. Uno esperaría que la bancada del Pacto Histórico sea la primera en defender con dientes y uñas el decreto presidencial.
Dicho decreto elimina la jugosa prima de servicios a partir del próximo 20 de julio, justo para que se aplique al nuevo Congreso. Eliminando esa prima, el sueldo bruto queda en $37.019.759 y, tras los descuentos de ley, el neto quedaría en $22.071.180. Sigue siendo un buen salario para alguien que se jacta de su condición de servidor público, muy distinto a servirse de lo público. En todo caso, la reducción salarial supone un ahorro de $62 mil millones de pesos anuales.
Se requiere una reforma política ya, que incluya la actualización de la Ley 5ª de 1992 (funcionamiento del Congreso), raíz de muchos males, Esa también deber ser tarea de los partidos progresistas. Es eso o rezarle a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, para que proteja nuestros bolsillos.