En las últimas semanas se ha insistido, casi con terquedad, en la idea de realizar un “gran debate” presidencial transmitido por uno o varios medios de comunicación, en el que únicamente participarían los tres candidatos con mayor intención de voto según las encuestas: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.
Desde luego, los demás aspirantes —Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo— han protestado con razón. Resulta contradictorio que un ejercicio que se presenta como democrático termine excluyendo voces bajo criterios arbitrarios. No hay forma de justificar que, en nombre de la democracia, se promueva un espacio abiertamente discriminatorio.
Pero más allá de esa discusión, hay una idea que se ha instalado sin suficiente cuestionamiento: que este debate es urgente y necesario para el país. Y aquí vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿acaso no ha habido ya suficientes debates?
Durante meses, los candidatos han participado en múltiples encuentros organizados por gremios económicos como Asobancaria, Andesco, Fenalco, Camacol, la ANDI, Anato, y Asofondos. El problema no es la falta de escenarios, sino la repetición del público: en muchos de estos eventos, cerca del 70% de los asistentes son los mismos. Es decir, los aspirantes llevan más de medio año hablándole a la misma audiencia cerrada, predecible y poco representativa del país real. Sorprende que no se hayan dado cuenta.
A esto se suman los debates promovidos por universidades en distintas regiones, donde sí existe un interés genuino de ciudadanos que quieren conocer propuestas concretas para sus territorios. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué estos espacios parecen no contar? ¿Por qué se les resta valor frente a un debate mediático que, en esencia, no aportaría nada nuevo?
La respuesta parece estar más en el espectáculo que en el contenido. Lo que se vende como un evento “imprescindible” no es más que una apuesta por el rating. Y, aun así, es poco probable que ese debate llegue a realizarse. Las condiciones que imponen algunos candidatos —como excluir a quienes están por debajo del tercer lugar en las encuestas o elegir moderadores a conveniencia para evitar preguntas incómodas— son inaceptables para cualquier medio serio que respete su independencia.
Incluso si se optara por realizarlo a través del sistema de medios públicos, como RTVC o Inravisión como se le quiere llamar ahora, habría un principio básico que no podría ignorarse: todos los candidatos deben ser invitados. Lo contrario sería un uso indebido de un espacio estatal. Si alguno decide no asistir, esa será su responsabilidad, pero la puerta debe estar abierta para todos. Sorprende que un detalle tan elemental se pase por alto.
En realidad, esta discusión parece cada vez más inútil. A estas alturas, la mayoría de los colombianos ya tiene definido su voto, y difícilmente lo cambiará por ver, una vez más, a los candidatos repitiendo discursos vacíos. Porque, seamos honestos, estos debates rara vez profundizan en propuestas de gobierno. Lo que abunda son las frases hechas, las generalidades y, por supuesto, los ataques.
El resultado es un intercambio estéril de insultos: críticas al gobierno de turno, respuestas igualmente agresivas y una dinámica que podría resumirse en la conjugación de un solo verbo: insultar. Yo te insulto, tú me insultas, él nos insulta; nosotros nos insultamos, vosotros os insultáis y ellos se insultan entre todos.