Una sociedad sin memoria política, incapaz de examinar responsablemente la relación entre el pasado y el presente, está condenada a no tener futuro democrático. Por eso se puede afirmar que existe una relación genética y simbiótica entre la memoria política y la democracia, mediada por el examen responsable del pasado para encontrar en él las claves que permitan superar los conflictos violentos del presente. De lo contrario, si no se asume por parte de cada ciudadano ese examen de responsabilidad personal, pero sobre todo por los líderes políticos que protagonizan el presente, entonces estaremos condenados como sociedad a la repetición eterna de esos conflictos violentos, que nos degradan, desgarran y aniquilan. A la perpetuación de generaciones de víctimas sin verdad, justicia y reparación, junto a victimarios impunes, incapaces de asumir su responsabilidad personal o institucional por lo sucedido.
La memoria política, una responsabilidad ciudadana
Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.
En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.
No más “Palacios de Justicia”.
En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.
La Memorializacion de instituciones del horror
Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.
La paz política no se hace con milagros
Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.
[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm
[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf
[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/
[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005
[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx
[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf
Hernando Llano Ángel
Abogado, Universidad Santiago de Cali. Magister en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. PhD Ciencia Política, Universidad Complutense Madrid. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente. Miembro de LA PAZ QUERIDA, capítulo Cali.