(Artículo exclusivo para EL PAÍS, el periódico global, edición América-España, primera semana de julio 2026)
Obviamente, quienes primero deben obedecer y cumplir la Constitución del 91, son quienes gobiernan y legislan. En la controversia actual, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el opositor constitucional, el senador Iván Cepeda, según los artículos constitucionales 188 y 112 respectivamente. Cumplirla y acatarla, en lugar de atacarla, sin recurrir a ingeniosas argucias políticas o legales para desconocerla o eventualmente violarla. Argucias que pueden ir desde la “Patria Milagro” por encima de la Constitución o incluso la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer el “milagrito”, dada la probable mayoría con que el Tigre contaría en el Congreso, respaldado por los que NUNCA han dejado gobernar en beneficio de las mayorías y ahora aspiran a continuar haciéndolo en nombre de la doctrina Donroe, Maga, el Escudo de las Américas y un poderoso entramado de gremios y socios locales. Doctrina Donroe que apoya con entusiasmo el presidente electo, pero que está totalmente en contravía del preámbulo de la Constitución del 91 que ordena “impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, no su subordinación a MAGA. Pero, también la Carta nos obliga como ciudadanos, según el numeral 3 del artículo 95 a “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” y el 6 “propender al logro y mantenimiento de la paz”, numerales cuyo eventual desconocimiento por el Tigre, en ejercicio de sus funciones presidenciales, serían el sustento constitucional para la expresión masiva de la desobediencia civil en defensa de la Carta del 91.
La Constitución no es un comodín
Porque si algo demuestra nuestra historia política y constitucional, desde tiempos remotos hasta el presente, es la diestra capacidad de los voceros del establecimiento para burlarla y utilizarla como un comodín en función de sus objetivos políticos, económicos y sociales. Y lo hacen con maestría, invocando supuestos fines superiores a la Constitución. Hace un poco más de 20 años se le cambió un artículito en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, la inseguridad, la corrupción y la continuidad de la “seguridad democrática” para descabezar “la culebra de las Far”, en palabras de su beneficiario, el reelecto Álvaro Uribe Vélez. Incluso éste intentó hacerlo por una segunda vez en 2010, diciéndonos que el “Estado de opinión” era superior al Estado de derecho. Afortunadamente la mayoría de magistrados de esa Corte Constitucional no fue tan complaciente como la anterior, que acogió la ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, avalando la constitucionalidad del “articulito”. Tremenda ironía, uno de los promotores de la séptima papeleta, siendo asesor constitucional del presidente Virgilio Barco, terminó traicionando su espíritu al validar la reelección, una especie de “falso positivo constitucional”.
Un delito de lesa constitucionalidad
Y, lo más grave de esa reforma, fue que se realizó ilegalmente, mediante la inducción del presidente Uribe Vélez para la comisión del delito de cohecho a dos de sus más leales ministros: Sabas Pretel de la Vega, ministro de Justicia y del Derecho y Diego Palacio Betancourt, de Seguridad Social y por eso ambos terminaron en la cárcel. Fue el famosos escándalo de la Yidispolítica, expresión de la máxima corrupción política del Estado de derecho: reformar su Constitución ilegalmente. Es decir, perpetrando un delito de lesa constitucionalidad. Un delito que luego fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, que bien demuestran la flexibilidad ética y política de esa mayoría, a quien poco le importó el escándalo de la Yidispolítica. Una mayoría de electores con una precaria conciencia de la responsabilidad política y ética, que todo auténtico ciudadano debería tener al votar, para no legitimar así el delito como fuente de gobernabilidad presidencial. Es lo que hay en esta Colombia Malograda, ahora con el respaldo de cerca de 13 millones de electores que votaron en manada por un Tigre para la presidencia de la República. Esto sucede cuando el elector se convierte en manada y no se expresa como un ciudadano ética y políticamente comprometido con la vigencia de la Constitución del 91. Por eso, citaré de nuevo a nuestro más lúcido y realista analista político, Gabriel García Márquez, en su “Proclama por un País al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es lo que ha venido sucediendo desde siempre en esta Patria Malograda. Por eso millones celebran la picardía y la trampa y fustigan la decencia, auspician los atajos y el cambio de normas para la conveniencia de quienes son electos. Lo importante es enriquecerse y ganar, poco importa las artimañas que se utilicen para ello. De allí que las recientes campañas electorales victoriosas para la presidencia violarán los umbrales legales de financiación, pero ese ilícito solo lo conocemos cuando ya es demasiado tarde, como sucedió con la campaña del expresidente Santos y ahora con la del Pacto Histórico. Será cuestión de tiempo saber los miles de millones gastados en la estrambótica y festiva campaña del Tigre, así como conocer sus generosos financiadores y el origen de tan ilimitados recursos. Recursos al parecer procedentes la mayor parte del patrimonio De la Espriella, cuya fuente probablemente se encuentra en su asesoría a Alex Saab y otros delincuentes de cuello blanco, cuyas identidades están siendo investigadas en Estados Unidos, según el periodista Gerardo Reyes, y entre los que figura un narcotraficante conocido como “Boliche”, convertido luego en informante de la DEA. ¿Será que su condición de presidente y el padrinazgo de Donald Trump lo protegerán y detendrán el curso de esa investigación que adelante un fiscal de Miami en Estados Unidos?
En defensa de la Constitución del 91
Por eso, ahora la urgencia vital es defender la Constitución del 91 apelando a la desobediencia civil. Defensa para la cual quizá no sea suficiente la Corte Constitucional y se necesite una firme y radical conciencia ciudadana que exprese masivamente la desobediencia civil. Porque la esencia de la desobediencia civil, como la formuló David Thoreau y la practicaron Gandhi y Martin Luther King, es “romper una ley específica que se considera injusta, aceptar las consecuencias, y hacerlo sin violencia para generar debate público” (Meta IA). Por ejemplo, las leyes imperiales de carácter injusto, como los impuestos al té de la Corona británica que catalizaron la declaración de independencia de las 13 provincias de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, hoy en víspera de conmemorar sus 250 años. También la lucha denodada y victoriosa de Mandela contra el Apartheid y de Martin Luther King contra la segregación y la injusticia racial. Por eso resulta absurdo considerar que la desobediencia civil pacífica sea inconstitucional e implica desconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella. Todo lo contario, puede llegar a ser la mejor defensa de la Carta, siempre y cuando el senador Cepeda la convoque desde su legítimo ejercicio como opositor que le confiere el artículo 112 y respete todo el articulado de la Carta, lo que implica, obviamente, reconocer sin ambages la presidencia de Abelardo de la Espriella.
Un Tigre convertido en Bambi
Así ese Tigre ahora se parezca cada vez más al Bambi de Disney, vanidoso y juguetón, que depende del respaldo del Tío Donald Trump. Por eso se apresuró a suscribir su intervencionista y depredadora doctrina “Donroe”, la de América para Maga y sus negocios. Pero, además, a llevar y portar el belicoso “Escudo de las Américas”. Alianzas Políticas que, de llevarse a cabo, en nombre de un anunciado supuesto Plan Patriota, menoscabarían casi por completo el principio de nuestra soberanía estatal, la integridad de nuestro territorio al someterlo al ritmo extractivista de “perforar, perforar, perforar” y afectaría la vida de miles de colombianos por los telebombardeos de MAGA, cuyo número de víctimas civiles por los llamados “daños colaterales” sería incontable, como ha venido sucediendo con los bombardeos contra lanchas supuestamente con alijos de cocaína en el mar caribe y pacífico. El desarrollo de tales planes conllevaría la violación del numeral 6 del articulo 189 de la Constitución, que le exige al presidente “proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio”. Además, el uso intensivo del fracking para “perforar, perforar y perforar”, también desconocería el artículo 59, que señala que a la propiedad “le es inherente una función ecológica”, pues los territorios en donde se realice sufrirán un grave deterioro ambiental.
¿Patria Milagro o Malograda?
Frente a semejante admiración, amor y desenfreno por MAGA, esa “Patria Milagro” puede llegar a ser una Patria Malograda para la mayoría de colombianos y sus riquezas horadadas en beneficio de Maga y sus socios locales. De manera que la desobediencia civil nada tiene que ver con un “golpe de Estado”, mucho menos es una carta de malos perdedores. Es, simplemente, el ejercicio civilista de una oposición pacífica en defensa de la Constitución del 91, que debe empezar por el reconocimiento pleno de la presidencia de Abelardo de la Espriella por parte del senador Iván Cepeda y no darle así coartadas para desatar una represión violenta y creciente de quienes estamos comprometidos, como ciudadanía, con la vigencia y defensa pacífica de la Constitución del 91. Aunque las consecuencias puedan ser las anunciadas por Thoreau, si el Tigre desata una violencia arbitraria contra los opositores, cuando señala que “bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar correcto para un hombre justo es también la prisión”.
Homenaje a Gustavo Gallón Giraldo
De esta forma, quizá podríamos rendir un homenaje póstumo al jurista, sociólogo y politólogo Gustavo Gallón Giraldo, oriundo de Cali y quien murió el 30 de junio pasado en forma repentina en Ginebra, Suiza, en donde representaba como embajador al Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus numerosos y lúcidos libros, destaca “La República de las armas”, donde develó la inexistencia de la democracia cuando ella es sustituida por el uso represivo del estado de sitio durante más de 15 años y las facciones liberales-conservadoras se repartieron “miti-miti” el Estado por 16 años, hasta llegar al extremo de burlar el triunfo electoral de la ANAPO y del general Rojas Pinilla, utilizando como coartada la “defensa de la democracia y la estabilidad institucional”. Tales son las argucias de los que siempre han usufructuado el Estado para su beneficio particular y ahora pretenden seguir haciéndolo en nombre de la “Patria Milagro”. Es decir, los que en realidad NUNCA han dejado de gobernar y ahora cínicamente estigmatizan a la desobediencia civil pacífica como un “golpe de Estado” y hasta una amenaza comunista a la “democracia”. “Democracia” cuya verdadera esencia es la mercadocracia imperial cacocrática de Donroe y Maga, que al parecer tiene los días contados hasta el 3 de noviembre de este año, cuando se celebren las elecciones para la Cámara de Representantes y otros comicios federales, estatales y locales que forman parte del ciclo electoral bienal del Congreso de los Estados Unidos. Amanecerá en noviembre y entonces veremos si todavía hay lugar para milagros democráticos, al menos en el norte. Entonces la “Patria Milagro” del presuntuoso Bambi quedaría sin el padrinazgo político del Tío Donald, sin el cual no podrá realizar “milagrito” alguno a favor de Maga, Donroe, El Escudo de las Américas y sus insaciables mercaderes, asistidos por mercenarios profesionales y bombardeos teledirigidos desde el Pentágono.