“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.
Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.
Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.
Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.
Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.
“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.
“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.
Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.
La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.
La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.
En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.
Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.
La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.
No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.
Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.
¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.
Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.