(Artículo para EL PAÍS, el periódico global, sección América-Colombia, mayo 2 2026)
Todo parece indicar que si tienen lugar los debates presidenciales en ellos predominará el combate personal sobre la deliberación y el intercambio de los mejores argumentos entre los participantes. Las tres candidaturas en punta en los sondeos y en pugna en la opinión pública, representadas por Cepeda, Abelardo y Paloma, van a esos debates a disputarse el favor de las audiencias y de sus votos el próximo 31 de mayo, no tanto a confrontar la validez de sus propuestas y programas políticos. Aspiran a ganar en primera vuelta o, por lo menos, asegurar su presencia en la segunda. Es lo propio en toda campaña electoral, por eso desdeñan a los demás candidatos, que no registran en las encuestas posibilidad alguna de pasar a la segunda vuelta. Ya lo dijo Iván Cepeda, más como político que filósofo, en su entrevista en Caracol televisión con María Alejandra Villamizar: “Me interesa debatir es con los candidatos de la derecha, no con los demás candidatos, pues con ellos diálogo”, palabras más palabras menos. Esa exclusión de los restantes candidatos nos privaría a todos los colombianos de una deliberación amplia y plural, que es lo que debería promover un filósofo más que un candidato en trance de victoria, solo interesado en vencer a la derecha en los debates televisivos. Tal decisión nos condena al dilema de dos proyectos de nación, donde la derecha con Paloma y Abelardo propugnan a toda costa por la seguridad personal y privada para la inversión empresarial –los tres huevitos de Uribe– mientras Cepeda promueve la equidad y los derechos sociales como fundamento de legitimidad y eventual convivencia democrática. Pero sucede que en la democracia real no puede haber seguridad estable sin pan y bienestar para todos y mucho menos pan sin libertad, inversión privada y seguridad pública. Como bien lo pregona la doctrina social de la iglesia, en especial la encíclica Rerum Novarum de León XIII desde 1891, “la seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”. Tranquilidad que jamás será estable sin garantizar antes el goce de derechos sociales que empiezan por un salario digno, salud, educación y seguridad social. Precisamente por eso en el debate presidencial deben participar todos los candidatos, no solo los punteros en los sondeos de opinión, pues también dichas candidaturas tienen propuestas políticas sobre cómo lograrlo.
La política no es un juego de suma cero
Semejante empobrecimiento de la deliberación pública se da por la reducción de la política a las elecciones, donde inexorablemente siempre habrá ganadores y perdedores, siendo los asuntos políticos en disputa mucho más complejos que un voto depositado en una urna y un juego de suma cero. Ese juego en el que el ganador despoja a todos los demás de su poder decisorio, como sucede en las elecciones presidenciales y en cargos uninominales, así el perdedor o la derrotada tenga asegurada una curul en el Senado. Por eso vale la pena escuchar a los demás candidatos, aunque sus registros de intención de votos sean mínimos. Entre otras razones, porque ellos gozan de mayor libertad para cuestionar, proponer nuevas ideas y estrategias gubernamentales de quienes van en la punta, en tanto estos últimos están condicionados por su obsesión de ganar. De allí que solo hagan propuestas pensando en los votos por conquistar y en cómo despojar al contrario del mayor número de potenciales electores. Es lo que hemos visto con Paloma, al postular al expresidente Uribe como su próximo ministro de defensa, lo que generó la discrepancia de su vice, Daniel Oviedo, totalmente descentrado y en desacuerdo con esa nominación. Así se desdibujó por completo ese imaginario falaz de una candidatura de centro derecha, con Oviedo como figurín y comodín, para intentar recobrar con Uribe los votos de la extrema derecha que ahora tiene cautivos Abelardo, con los cuales amenaza derrotarla el próximo 31 de mayo.
Jaime Garzón, profético
Lo más tétrico de estas rencillas entre las dos candidaturas de la extrema derecha es que son provocadas por las acciones terroristas de Iván Mordisco y su banda, el Estado Mayor Central, lo que seguramente motivó a Paloma a recurrir al imaginario popular de Uribe como padre protector y salvador de la Patria con su “seguridad democrática” para ofrecerle el ministerio de defensa. Se confirma así la premonitoria reflexión de Jaime Garzón, asesinado por órdenes de Carlos Castaño, cuando afirmó que los belicistas “necesitan los muertos para justificar los actos de guerra, necesitan la guerra para justificar su política y necesitan la política para perpetuar su impunidad”. Un tétrico silogismo confirmado no solo nacionalmente sino también internacionalmente. Hoy los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad son Trump, Netanyahu y Putin. Un trío maléfico que ha hecho de la política el arte de gobernar para asegurar sus impunidades personales, así como de la guerra y el terrorismo estatal su principal estrategia en política internacional. Tal podría ser el propósito de Paloma y Abelardo al desdeñar el trabajo investigativo de la JEP y proponer su inminente desaparición, no obstante haber contribuido como ningún otro tribunal a esclarecer los horripilantes crímenes de guerra y lesa humanidad de las Farc-Ep, así como el procesamiento de sus máximos responsables. ¿Será que temen que la JEP continúe su trabajo más allá de los mandos medios y agentes rasos de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en miles de “falsos positivos”, estimulados por la Directiva 029 de la política de “seguridad democrática”?
Un tema insoslayable en los debates presidenciales
Sin duda, este sería un tema que no se debería soslayar en los debates presidenciales, así como el cuestionamiento que ambas candidaturas de derecha formulan contra Cepeda como supuesto incondicional defensor de Iván Márquez y Jesús Santrich. Un debate crucial para esclarecer quiénes, durante su vida política y personal, incluso la de sus antepasados –el abuelo de Paloma, el presidente Guillermo León Valencia y el padre de Cepeda, el senador por la UP, Manuel Cepeda, asesinado por agentes del Estado– han tenido mayor responsabilidad en la guerra y la paz en Colombia desde hace más de medio siglo. Sin omitir en el presente el rutilante desempeño de Abelardo De La Espriella como abogado defensor de narcotraficantes y otros delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán –pirámide financiera DMG—y Alex Saab, el testaferro de confianza de Nicolás Maduro. Esas defensas penales no son precisamente las mejores credenciales para ser presidente, pero sí para perpetuar la impunidad de quienes hoy se resisten y son incapaces de asumir sus responsabilidades políticas por crímenes aún más atroces que los de los comandantes de las Farc-Ep, como las ejecuciones extrajudiciales y miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en cumplimiento de sus directivas y órdenes superiores. Crímenes cometidos con armas y recursos del Estado pagados con nuestros impuestos y en nombre de la “democracia”. Crímenes mucho más graves que los cometidos por grupos ilegales, porque precisamente el Estado de Derecho y la democracia surgieron para contener la violencia y la impunidad de esas organizaciones ilegales, no para disputarles sus excesos criminales, supuestamente en defensa de la Patria y la “seguridad democrática”.
¿De cuál democracia nos hablan?
Quizá por eso en alguna ocasión la senadora Paloma Valencia, justificando los “falsos positivos”, expresó: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo”[i]. Desconoció así la candidata del Centro Democrático, siendo abogada, el principio fundante de la misma democracia, que jamás legítima la violencia cuando ésta sobrepasa los límites del Estado de derecho, los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario. No hay en esa respuesta nada de centro y menos de democracia. Sucede exactamente lo contrario, pues dicha violencia discrecional y sin límites de agentes del Estado deslegitima a las autoridades y el mismo Estado democrático, ya que termina violando impunemente los derechos humanos y pone en riesgo mortal a la población civil. Pero eso es algo que tiene sin cuidado a Paloma, que ya ha solicitado a Trump que de ganar la presidencia espera ser parte de su “Escudo de las Américas” y el Estado colombiano ingresaría a esa liga de “excelsos demócratas” integrada por Bukele, Milei y Kast[ii], quien incluso justifica hoy la dictadura de Pinochet como defensor de la democracia, habiéndola reducida a escombros como lo hizo con el Palacio de la Moneda y la legitimidad presidencial de Salvador Allende. Sobre esos escabrosos asuntos de nuestro pasado reciente vale la pena escuchar a todos los demás candidatos, especialmente a quienes se reclaman de centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, para que nos cuenten cómo enfrentaron a quienes desde el Estado alentaron las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embriones del paramilitarismo y la “donbernabilidad”[iii] de las bandas narco-criminales en Medellín al mando de Don Berna[iv]. Porque la transparencia que tanto pregona Fajardo debe ser algo más que una consigna de campaña presidencial. Por todo ello, pero especialmente porque lo que está de nuevo en juego es nuestra vida, seguridad, libertad, propiedad y prosperidad es que debemos ver y escuchar a todos y todas las candidatas, sin ninguna exclusión, para a partir de allí deliberar y decidir el próximo 31 de mayo.
En la exclusión está el horror
Ya lo advertía Pascal refiriéndose a la búsqueda de la verdad, “en la exclusión está el error”. Y si bien es imposible e indeseable aspirar a una sola verdad en la política, lo que si sabemos de sobra por nuestra violenta historia es que en la exclusión de actores en la deliberación política está el comienzo del horror. Así se trate en este caso, exagerando, de excluir la participación de la mayoría de candidatos en debates electorales para la presidencia de la República. Ni hablar de cuando se trata de excluir a quienes pueden definir la guerra o la paz, la justicia social o el privilegio de pocos y la igualdad de oportunidades para el goce y ejercicio de sus derechos a las mayorías, estigmatizándolos como un peligro para la democracia. Derechos sociales que se quedaron escritos en la Constitución del 91 por falta de gobernabilidad y poder constituyente para hacerlos cumplir mediante políticas sociales incluyentes, siempre mejorables. Por eso también es pertinente debatir sobre el sentido de una Constitución más nominal que real, que ni siquiera garantiza la vigencia de sus dos mandatos más importantes: la “prevalencia del interés general” sobre los intereses particulares, artículo 1 del Estado Social de Derecho y “la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, artículo 22. Para mayor ironía y claridad en esos debates, porque quienes dicen hoy defender la integridad de esa Constitución vuelven a levantar las banderas de la guerra y la prevalencia de ciertos intereses particulares en nombre de la seguridad jurídica y la salvación de la Patria. ¿Será posible incluir esos temas y todas las candidaturas en liza en los debates presidenciales o serán vetados y excluidos por miedo a una auténtica deliberación ciudadana? Si es así, cabe preguntarse de cuál democracia nos hablan y nos convocan a votar. ¿Será de la que está al servicio de las oligarquías partidistas y de los poderes de facto de la ilegalidad y la tecnocracia plutocrática que hoy manda en Colombia?, como bien lo demuestra el libro de la profesora Jenny Pearce y el profesor Juan David Velasco, recientemente publicado[v].
[i] https://www.rtvcnoticias.com/politica/el-estado-cometio-errores-y-atrocidades-pero-era-legitimo-polemico-trino-de-paloma
[ii] https://www.elclarin.cl/2026/03/30/la-memoria-como-gasto-kast-reabre-la-herida-de-colonia-dignidad/
[iii] https://storage.ideaspaz.org/documents/60ba8c9569e35.pdf
[iv] https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/don-berna/
[v] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/blancainesduran/quien-manda-en-colombia/